CATALUÑA


El Consejo General de Colegios de Farmacia de Catalunya prevé problemas de pago de la Conselleria de Salud de la Generalitat a las farmacias en octubre, como consecuencia de las "tensiones de tesorería" que a su juicio desembocarán los estrictos presupuestos del sector, explicó la secretaria del Consejo, Pilar Gascón.




En Catalunya, la Generalitat, las farmacias y el BBVA llegaron a un acuerdo en julio de 2010 por el que los retrasos del pago de la administración no afectan a las boticas.
De esta forma, la entidad bancaria avanza el dinero a las boticas, y lo cobra --en un 70 por ciento-- a los 25 días con intereses a cargo de la administración catalana, mientras que las farmacias ofrecen algunos descuentos especiales al departamento, ha explicado Gascón.


Con todo, los "presupuestos sanitarios imposibles" aprobados por el Parlament y el aumento de las comisiones e intereses bancarios hacen temer problemas de tesosería que eventualmente es probable que repercutan en los pagos.
El presidente del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, Jordi De Dalmases, ya auguró este lunes un otoño caliente en el sector sanitario catalán, como han manifestado numerosos gerentes hospitalarios y sindicatos.


Gascón ha lamentado la situación que viven los establecimientos catalanes, especialmente preocupados por el decreto ley que el Gobierno central quiere aprobar el 19 de agosto para apuntalar el cumplimiento del objetivo de déficit, después de que en 2010 ya se aprobara una rebajada del 30 por ciento del precio de los genéricos y una reducción del 7,5 por ciento en el resto de fármacos facturados al sistema sanitario público.
También ha advertido de que una de cada diez farmacias en Catalunya --unas 261-- sufren una situación de viabilidad económica comprometida, ya que sus titulares obtienen un rendimiento neto inferior a los 1.500 euros mensuales.


CASTILLA LA MANCHA


La presidenta de la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (FEFCAM), María Dolores Espinosa, ha asegurado que la empresarial farmacéutica y por tanto las farmacias no han recibido ni tienen ninguna propuesta financiera ni documento alguno por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Socialers para dar solución al impago de la facturación farmacéutica.


En un comunicado, Espinosa ha señalado igualmente que la única opción que hasta ahora tiene el farmacéutico, como cualquier empresario, es la formalización de una póliza ante notario, en base a su capacidad de endeudamiento, con sus respectivos intereses, y en la que el incumplimiento de pago a fecha de vencimiento es avalado por el farmacéutico con su patrimonio es decir, con todos sus bienes personales presentes y futuros.


Igualmente, ha apuntado que la Consejería, a día de hoy, "no nos ha comunicado ni la cuantía ni el plazo de cancelación, información imprescindible para analizar su posible viabilidad" y que todo lo anterior "coincide plenamente" con lo expuesto en las asambleas colegiales por los respectivos presidentes de Toledo, Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real. Según Espinosa, la empresarial farmacéutica está manteniendo una comunicación "fluida" con la Consejería, y confía poder llegar a unos principios de acuerdo en un breve plazo de tiempo.


Por último, ha destacado que su responsabilidad como presidenta de FEFCAM es la representación y defensa de los intereses de aquellos a los que representa, "en mi caso los titulares de las oficinas de farmacia", ha concluido.




MURCIA


Las farmacias de Murcia empezaron a soportar impagos en el año 2010. Las recetas del último trimestre las cobraron gracias a una póliza con Cajamurcia. En enero, el pago volvió a retrasarse doce días. Pero la crisis estalló en mayo, cuando las oficinas se encontraron con una deuda de dos meses (60 millones de euros), y Sanidad les anunció que no tenía liquidez ni para cubrir ese impago ni para pagar las mensualidades siguientes. Los farmacéuticos convocaron entonces un paro en el sector, pero no llegó a materializarse. El Colegio evitó la polémica pública con el Gobierno regional, y se terminó cerrando un acuerdo con varias entidades financieras. Los bancos aceptaron conceder un crédito a la Comunidad Autónoma para pagar las recetas hasta octubre. Eso sí, a cambio de que los farmacéuticos avalasen la póliza con sus propiedades personales. El acuerdo no gustó a todos (más del 30% de los boticarios votaron en contra en una asamblea extraordinaria) aunque fue aceptado por la mayoría como un mal menor.


Pero desde entonces hasta ahora ha llovido mucho, y las farmacias están hoy más molestas que nunca, porque se sienten perjudicadas por los planes de prescripción por principio activo que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad y que el Ministerio extenderá a casi todos los medicamentos con un decreto que aprobará la semana que viene. Los farmacéuticos tendrán que dispensar la marca más barata que tengan de entre todas las que ofrezcan un mismo compuesto (el principio activo). Eso reducirá los beneficios de las farmacias, que se quedan con el 27,9% del precio de venta al público. «Nuestro beneficio real no llega al 8%», asegura Prudencio Rosique, presidente del Colegio de Farmacéuticos. «Nos sentimos discriminados. Las únicas medidas que se están tomando para reducir el gasto son las que se refieren a los medicamentos, y hay cuestiones mucho más importantes», defiende.


«No podemos seguir soportando esta situación. Algunas oficinas están a punto de quebrar», asegura Valentín Torregrosa, farmacéutico que fue candidato a la presidencia del Colegio. Prudencio Rosique, coincide en el diagnóstico: «El modelo actual de farmacia está en peligro».






ASTURIAS 


Cierres patronales para exigir cobros, administraciones autonómicas con severos problemas de liquidez, gobiernos regionales que anuncian una dilatación de los pagos... La zozobra, derivada de la crisis financiera que sufren las comunidades autónomas, se extiende por la red de farmacias de toda España ante los retrasos en el cobro de las facturas de medicamentos que, mes tras mes, han de abonarles las administraciones regionales. 


En Asturias, el Colegio de Farmacéuticos afirma que, hasta el momento, no se ha producido «ninguna señal de problemas de cobro», pese a lo cual los profesionales observan con «preocupación» el panorama general, según explicó José Villazón, presidente de los boticarios de la región. Como promedio, el Principado les abona el coste de los fármacos unos 35 días después de que las boticas se los dispensan a los usuarios. Villazón sintetizó el problema: «Las farmacias tienen la resistencia que pueden tener. Si no cobran no pueden pagar a los suministradores, y si no pagan no les sirven los medicamentos necesarios para atender las demandas de los pacientes». 




CASTILLA LEÓN


En Castilla y León, el panorama no es tan crítico, pero la incertidumbre crece. Las farmacias castellanoleonesas continúan cobrando puntualmente, pese a las dificultades de tesorería del Gobierno autonómico reconocidas por el propio consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Según el Consejero, el gasto farmacéutico supone el diez por ciento del presupuesto anual de la comunidad y llega a los 1.000 millones de euros, de los que 740 millones corresponde a los pagos de recetas a las farmacias. Sáez Aguado subrayó que los pagos se realizan puntualmente el día 20 de cada mes. 




LA RIOJA


El presidente regional, Pedro Sanz, ha anunciado una «reprogramación» de algunos pagos», de modo que a las farmacias riojanas se les pagará a 40 días en vez de a 10. Según el Presidente, hasta el momento las farmacias «presentan la factura el 10 de cada mes y se les paga el 20». «De momento se les ha dicho que en lugar de pagar a 10 días se les va a pagar a cuarenta días, que podría incluso reducirse a 30 días en breve plazo y que volveremos a la situación normal cuando llegue el momento». 




GALICIA


El presidente da la Federación de Farmacias Gallegas, José Luis Rodríguez Dacal, lamenta el impago del Ayuntamiento de Lugo con las boticas de la ciudad, aunque aclara que "desgraciadamente es una circunstancia que se produce con frecuencia en otros ayuntamientos gallegos". Él mismo regenta una farmacia en Santiago de Compostela y reconoce que "en ocasiones" el pago de los fármacos se retrasó durante más de cien días.


La cifra se ha visto superada en numerosas ocasiones por ayuntamientos y administraciones que han tardado hasta un año entero en hacerse cargo de sus responsabilidades con las farmacias del entorno, un ejemplo que en la ciudad de las Murallas se ha repetido en dos ocasiones en los últimos años, tal y como ha denunciado el Partido Popular municipal.


Rodríguez Dacal considera que los gobiernos "no son buenos pagadores", un hecho que en la mayoría de los casos se justifica por los tiempos de comprobación de las recetas y pedidos, como en el caso del Ayuntamiento de Lugo. La única tranquilidad, expone el presidente de la Federación de Farmacias Gallegas, "es que al final siempre se acaba cobrando".


Los representantes del sector farmacéutico descartan que en Galicia pueda darse una situación similar a la acontecida en Castilla-La Mancha porque los pagos que las administraciones públicas adeudan con las farmacias no son cantidades demasiado elevadas. En la ciudad de las Murallas la deuda contraída con cada una de las boticas asciende a los 5.000 euros, una cantidad que no llegaría a poner en peligro la supervivencia de los establecimientos. Añaden que la situación "sería diferente" si fuera el Sergas el que dejara de saldar sus pagos, puesto que las cantidades sueles ser "mucho más elevadas".


Según la Federación de Farmacias, el concierto entre aseguradoras sanitarias y Ayuntamientos es una fórmula que se utiliza con frecuencia, si bien cada vez son menos los gobiernos que optan por este modelo para financiar los fármacos a sus empleados públicos. Son acuerdos que no sólo rubrican las dos partes sino que son refrendados por los colegios profesionales de farmacéuticos, de manera que todas las boticas del área de influencia municipal forman parte del convenio.


En el caso de Lugo, el acuerdo afecta a 48 farmacias en las que prestan sus servicios más de 150 profesionales. "Los convenios obligan a las farmacias a seguir dando la medicación aunque haya problemas con los cobros", explica Rodríguez Dacal. El presidente del colectivo cree que las farmacias de Lugo no se han manifestado porque al ser un grupo numeroso "la cuenta por farmacia no es demasiado elevada", lo que no exime al Gobierno local de abonar sus deudas "en un plazo razonable".






En los últimos doce meses -de julio de 2010 a junio de 2011-, la factura en medicamentos que han debido afrontar las 17 comunidades autónomas españolas asciende a casi 11.500 millones de euros.