Como si de una alarma que suena periódicamente se tratase, el debate sobre la necesidad o no de liberalizar el modelo farmacéutico español vuelve a la palestra. Si el Ministerio de Economía era hasta ahora el último organismo que había tanteado tal posibilidad (planteándolo en un primer borrador inicial de anteproyecto de futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, cuya publicación parece aparcada sine die y que, en ningún caso, incluiría la desregulación total del sector de oficinas de farmacia) ahora es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien recoge el testigo.
Así, la CNMC ha anunciado el inicio de un estudio sobre los modelos de ordenación farmacéutica de las comunidades autónomas, que tendrá como objetivo "evaluar los efectos de las restricciones a la competencia presentes en dichos modelos". La CNMC dice tener constancia de que "la regulación de las oficinas de farmacia en España establece una serie de restricciones de acceso al mercado, de propiedad de las oficinas de farmacia y de ejercicio de la actividad, que tienen impacto en la competencia en el mercado y la eficiencia económica de la distribución minorista de medicamentos". Dado que las restricciones se dan por manifiestas, se analizará si son "necesarias y proporcionales".
En su comunicado, la CNMC dice tener "pleno conocimiento de la importancia que para la salud pública tiene una eficiente distribución de productos farmacéuticos", por lo cual se estudiará la necesidad y proporcionalidad de todos los criterios que limitan la competencia en el sector farmacéutico. Para ello se tendrán en cuenta "la experiencia comparada, nacional e internacional, con objeto de obtener conclusiones y recomendaciones acerca de cuál es la configuración más favorecedora de la competencia y la eficiencia, redundando en ganancias de bienestar para la sociedad", asegura este organismo.
Desde que el modelo farmacéutico regulado español ganó la 'batalla' al dictamen motivado abierto por la Comisión Europea y cuenta como principal respaldo una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que ampara el establecimiento de restricciones de establecimiento y propiedad de oficinas de farmacias "en aras de la protección de la salud pública", la profesión farmacéutica se siente "más fuerte" ante cualquier amenaza liberalizadora. Más aún cuando parece que se ha logrado que el Ministerio de Economía 'desista' de sus intenciones liberalizadoras, al menos totales, ya que la potestad que otorgaba la sentencia a los Estados para regular sus sistemas sanitarios podía ser también un arma de doble filo que acabase jugando en contra.
Por tanto, si desde el Gobierno central y desde el Ministerio de Sanidad se ha refrendado su apoyo al modelo farmacéutico regulado —el propio ministro Alfonso Alonso así lo hizo la semana pasada en su reunión con el Consejo General—, los profesionales no creen que un ente público de rango menor y sin capacidad legislativa (solo consultiva y sancionadora) tenga suficiente peso para modificar el status quo de la farmacia. En este caso, el estudio ha sido promovido por su sección de 'Promoción de la Competencia', la cual evalúa los mercados de distintos sectores para buscar nichos de mejora en el ámbito competencial y realizar propuestas "de liberalización o cambios normativos".
Desde la profesión farmacéutica se opta por la tranquilidad, no exenta de la debida prudencia, y se califica al fantasma de la liberalización como "una enfermedad crónica". Por ejemplo, Alexia Lario, presidenta de la Federación Nacional de Oficinas de Farmacia (Fenofar) y de la patronal farmacéutica madrileña Adefarma, manifiesta que "es una vuelta más sobre lo mismo; siempre que el modelo farmacéutico español se mantenga tal cual está planteado habrá gente que levante la voz". No obstante, Lario reconoce que, frente a este estudio, "preocupan más otras batallas que hemos tenido que librar para defender el modelo, como ocurrió en Bruselas con el dictamen motivado o ahora con el anteproyecto de Ley de Servicios".
Asimismo, Fernando Redondo, presidente de la patronal farmacéutica estatal FEFE, recuerda que saben que Competencia "tiene una impronta de liberalismo económico a ultranza y, en concreto, tiene metida entre ceja y ceja a la oficina de farmacia". Respecto a las conclusiones que depare este estudio, el presidente de FEFE no sabe "qué argumentos van a utilizar que no hayan tumbado ya los tribunales y el Ejecutivo".
Otras incursiones de la CNMC
Las incursiones de la CNMC en el funcionamiento del sector farmacéutico han sido numerosas en la última década. Incluso, coincidiendo en fecha con el anuncio de este nuevo estudio, hacía público su informe sobre el proyecto de orden ministerial que regulará la facturación de productos dietéticos en el que recomienda que se incentive la aplicación de descuentos a aquellos productos que estén financiados por el SNS y se establezcan distintos márgenes comerciales para distribuidoras y boticas.
Varias han sido las formas de actuar de la CNMC: a iniciativa propia, por obligación (el Tribunal Supremo ha ratificado recientemente que este organismo debe revisar los contratos de 'doble precio' de Pfizer) o tras denuncias de terceros, como ocurrió con la sanción de 400.000 euros impuesta en 2009 a la patronal FEFE por considerar que "obstaculizó" el desarrollo de los medicamentos genéricos de Laboratorios Davur, si bien fue anulada por el Tribunal Supremo.
Los modelos regionales de atención farmacéutica a residencias también han estado en el punto de mira de este organismo, abriendo expedientes en los últimos años a regiones (Castilla-La Mancha, País Vasco) con sistemas distintos a la libre elección por el centro de la botica suministradora.
EL 'CASO FRANCÉS'
El francés es uno de los modelos farmacéuticos hermanos del español, un sistema integrado dentro de la categoría bautizada como modelo mediterráneo de farmacia. Y, al igual que el español, el francés ha sido un modelo regulado puesto en entredicho en numerosas ocasiones, tanto desde el exterior (procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, archivado tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo en los casos italiano y alemán) como a nivel interno. Una amenaza liberalizadoras interna que el modelo de farmacia francés logró ahuyentar recientemente de la que será Ley para la Actividad e Igualdad de Oportunidades que tramita el Gobierno galo para reordenar 37 profesiones farmacéutica, entre ellas la farmacéutica. Del denominado proyecto de ley del ministro de Economía francés, Emmanuel Macron.
Nacida con el nombre de Ley para el Crecimiento y Poder Adquisitivo, el primer borrador establecía una serie de modificaciones muy dañinas para el sector regulado de oficinas de farmacia. Unas medidas liberalizadoras que en establecían la posibilidad de abrir la apertura de capital a manos no profesionales, la libre instalación y la venta de medicamentos fuera del canal farmacia. Sin embargo, las protestas de los farmacéuticos, que derivaron en una huelga el pasado 30 de septiembre, provocaron que el ministro de Economía galo diese marcha atrás y excluyese a las profesiones sanitarias del texto, con lo que formarán parte del proyecto de ley de Salud que pilota la ministra de Sanidad francesa, Marisol Touraine, que está siendo examinada en el Parlamento.
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