En total, el Sistema Nacional de Salud (SNS), que en-globa a todas las comunidades autónomas, adeuda a productores de medicamentos y a fabricantes de toda clase de tecnología y productos médicos la friolera de 9.390 millones de euros. Son las cuentas oficiales, ya que algunas fuentes cifran el déficit real –el no declarado– en una horquilla que oscila entre los 15.000 y los 17.000 millones de euros. De los 9.390 millones de euros que contabilizan las estadísticas oficiales, 5.191 millones corresponden a deudas con los laboratorios por los fármacos dispensados a los pacientes desde los hospitales de todo el país.

Los últimos datos disponibles, a 31 de marzo, revelan que las administraciones están pagando a este tipo de compañías con una demora de 410 días, 20 días más que la registrada el pasado 31 de diciembre. Con este retraso, las consejerías de Salud de prácticamente toda España vulneran la normativa vigente, lo que les obliga luego a pagar elevados intereses por demora al ser demandadas ante los tribunales. El resto de la cantidad, 4.200 millones, corresponde a la deuda contraída con los fabricantes de tecnología médica como escáneres y productos tan variados como los bisturíes o las gasas que se administran a los enfermos. Las administraciones pagan a este tipo de compañías con una demora –que también supera los plazos fijados por la ley de 384 días–, 37 días más que sólo tres meses antes, el 31 de diciembre.

Las estadísticas nacionales que afectan a este tipo de fabricantes son especialmente reveladoras de la difícil situación financiera y de tesorería que atraviesan algunas comunidades autónomas. Andalucía, por ejemplo, es el feudo que acumula un mayor montante de deuda. De los 4.200 millones adeudados a los proveedores de tecnología, 1.064 millones corresponden a la comunidad que preside José Antonio Griñán, el 25,34% del total. Detrás de ella le siguen en cuanto al volumen adeudado las administraciones de Valencia, con 709 millones, y Castilla y León, con 445 millones.

Los problemas más graves

En lo que se refiere al plazo medio de pago, los problemas más graves los atraviesan Murcia, que abona de media las facturas con un retraso de 658 días; Valencia, que alcanza los 616 días; Andalucía, que lo hace con una demora de 610 días, y Castilla y León, que paga a los 605 días, de acuerdo con los datos en poder de los fabricantes de este tipo de productos.
En lo que respecta a la deuda contraída con los laboratorios, la situación es parecida, aunque en este caso Castilla y León y Andalucía se encuentran a la cabeza en el retraso en los pagos.

La primera tarda 725 días en abonar los medicamentos que dispensa desde sus hospitales, mientras que la segunda lo hace a los 659 días con el agravante de que el importe de su deuda por este concepto es gigante, de 1.245 millones de euros. En apenas tres meses, Andalucía ha incrementado su volumen de deuda con la industria farmacéutica en un 16,4 por ciento, al registrar el 31 de diciembre de 2010 una cifra de 1.069,5 millones de euros. En total, las autonomías tardan una media de 410 días en pagar a los laboratorios, mientras que la demora media en el caso de los proveedores de productos médicos alcanza los 384 días.

El agujero sanitario de Castilla-La Mancha es de 506 millones

El cambio de Gobierno provocado por los resultados del 22-M y el déficit oculto que ha denunciado el PP han situado en el ojo del huracán a una comunidad hasta ahora casi silenciosa en materia sanitaria: Castilla-La Mancha. Al margen del baile de cifras existente sobre lo hallado bajo las alfombras, lo cierto es que la deuda oficial de este territorio es bastante elevada. Al menos, en lo que a la Sanidad se refiere. De acuerdo con las estadísticas en poder de este periódico, el Ejecutivo autonómico se despide con un débito global de 506 millones de euros a los laboratorios farmacéuticos, y a los proveedores de productos y tecnología médica.

A los primeros les debe 268 millones de euros, mientras que la deuda asciende con los segundos a más de 238 millones. Se da la circunstancia de que, en apenas tres meses, el hasta ahora feudo socialista ha disparado su débito un 24 por ciento, al cifrarse el 31 de diciembre pasado en 216 millones. En lo que se refiere a los plazos de pago de la deuda, la comunidad supera ligeramente la media de España. En concreto, a los laboratorios les paga con 451 días de retraso, frente a los 388 que contabilizaba en diciembre. A los proveedores de productos y tecnología médica les abona las facturas con una demora de 438 días, frente a la media estatal, que es de 410.

El mayor hospital de España, en problemas

Los serios problemas de tesorería que arrastra Castilla-La Mancha, como otras autonomías del Estado, pueden producir efectos importantes en la conclusión de inversiones que estaban presupuestadas. Aunque no se contabilizan dentro de la deuda sanitaria en sentido estricto, por incluir ésta el pago de medicamentos y de la tecnología médica, los retrasos en la finalización de obras son acusados en esta comunidad. El nuevo hospital de Toledo, el mayor de España junto al renovado Hospital Central de Asturias, puede ser uno de los grandes centros afectados.


Salud ultima el decreto de las 'subastas' de medicamentos


La consejera de Salud, María Jesús Montero, y el gerente del SAS, José Luis Gutiérrez, lo habían avisado: esto se puede hacer con ellos o sin ellos. Y, al final, parece que va a ser sin ellos: sin los farmacéuticos. El decreto de medidas para generar ahorros adicionales en la factura pública de medicamentos en el que se incluye la licitación de moléculas está "prácticamente ultimado", según precisó ayer la consejera Montero tras informar sobre el Plan de Prevención de Altas Temperaturas de este año. Montero no precisó fechas pero será pronto.

La impropiamente denominada subasta de medicamentos se entiende desde la Junta como la identificación al mejor precio, en un contexto de libre concurrencia, de la presentación comercial de un determinado principio activo. En palabras de Montero, "la elección de la marca por parte de la Administración". Hasta ahora, en virtud de un acuerdo entre los farmacéuticos y el SAS, esa potestad era de la oficina de farmacia cuando el médico emitía una receta por principio activo (prescribiendo sólo la sustancia terapéutica, sin marca). El boticario tenía así capacidad de maniobra, añadida al margen de beneficio regulado por ley, en la gestión de existencias y en sus relaciones con distribuidores y fabricantes. Ese acuerdo está roto; los farmacéuticos entienden que la pretensión del SAS es una imposición que, además, puede ser ilegal.

En su pulso con la Consejería de Salud, los farmacéuticos han contado con el apoyo de Fedifar, que agrupa a las empresas de distribución que operan en España, y de las patronales de laboratorios Farmaindustria y Aeseg. Ayer, Farmaindustria recordó el alcalce de la deuda hospitalaria de las autonomías: Andalucía debe a las empresas 1.245 millones y paga a 659 días (la segunda comunidad más morosa tras Castilla y León). Y el presidente de Fedifar, Antonio Mingorance, a su vez secretario del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, alertó desde Asturias durante su intervención en el congreso de una cooperativa de distribución, sin citar a la Junta, de que "peligra el acceso al medicamento", ya que "el goteo constante de recortes al que nos están sometiendo los gobiernos central y autonómicos nos hace trabajar más por menos, nos impide trazar planes de negocio y está provocando el fraccionamiento del mercado nacional".

Fuente: La Razón y Diario de Sevilla