La oficina de farmacia cumple un doble compromiso: el social, que es el que tradicionalmente tiene más apego entre los profesionales, y el económico-financiero, ya que se trata de un negocio en el que hay que devolver préstamos, pagar a suministradores y colaboradores y rescatar una cantidad como sueldo propio.
Gastos a considerar:
Gastos de personal.
Incluyen la base imponible, las cotizaciones a la Seguridad Social y el número de pagas de nuestros empleados. Se debe contar además el pago de los autónomos del titular.
Inmueble donde se ejerce la actividad.
El arrendamiento o, en su caso, la amortización e intereses por la compra del local (si bien tienen un tratamiento fiscal diferente).
Impuesto de Bienes Inmuebles.
Si bien cuando se trata de un local arrendado este impuesto lo suele abonar el propietario, no sucede lo mismo con las tasas de actividad, de recogida de basuras, etc.
Gastos de suministros y reparaciones del material de oficina.
Fórmulas magistrales confeccionadas por terceros.
Otros gastos deducibles.
Financiación.
Este apartado suele ser el más importante en las transacciones que estamos examinando en el presente artículo, e implica una serie de gastos que no podemos olvidar:
– Crédito mobiliario sobre la facturación de la oficina de farmacia objeto de compra. El tope, en épocas de bonanza, puede alcanzar hasta el 80%. Es algo más caro que el préstamo inmobiliario (aproximadamente un 0,25%) y de menor plazo (240 meses).
– Préstamo inmobiliario sobre las garantías inmobiliarias que el comprador pueda aportar y que no estén ya hipotecadas con anterioridad o, si lo están, cuyo valor permita aún hipotecarse por una nueva cantidad, tales como pisos, locales comerciales, etc. A día de hoy el índice de referencia (euribor) ronda el 0,50% y los bancos suelen conceder un plazo de 360 meses para amortizar la deuda.
– Comisión bancaria de apertura mobiliaria, repercutida sobre el crédito mobiliario. Algo más cara que la de apertura inmobiliaria (se sitúa un 0,25-0,30% por encima).
– Comisión bancaria de apertura inmobiliaria, repercutida sobre el valor de las garantías inmobiliarias del comprador (alrededor del 0,5%).
– Actos jurídicos documentados sobre la llamada responsabilidad hipotecaria mobiliaria e inmobiliaria solicitada, así como los intereses ordinarios y de demora de dichas cantidades. El porcentaje y concepto varía según la comunidad autónoma. En general los bancos aplican el mismo tipo: un 1%.
– Cantidad alzada para la estimación de las tasaciones inmobiliarias necesarias, que no se suele financiar.
– Honorarios del intermediario o consultor en la operación. Habitualmente la cantidad que se debe prever supera el 3%, aunque lo más frecuente es que sea del 4-5%. Aunque no se suele financiar, la incluimos en este apartado porque no siempre se dispone de dinero líquido para afrontar este gasto.
Finalmente, debemos incluir los impuestos que habrá que liquidar.
Cuarto paso: ingresos a considerar en un cash flow
Lógicamente, los ingresos posibles son aquellos que proceden de las ventas, sea de la venta de productos farmacéuticos, cuyo cobro se realiza en parte o en su totalidad a través de la Seguridad Social o de mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, etc.), o de productos que se cobran de forma directa y libre del cliente.
También suponen una fuente de ingresos servicios como los análisis o la venta de material ortopédico (que se comporta de forma similar al producto farmacéutico), así como los productos homeopáticos.
Un ingreso indirecto puede proceder de la cesión de espacio para publicitar productos. Aunque, en teoría, el ingreso se produce a través de la venta de esos productos que se están promocionando, no deja de tratarse de un arriendo (o subarriendo) de una parte del local.
Si se es titular de otra oficina de farmacia, el traspaso de ésta origina también un ingreso. Y sustancioso. Habrá que deducir las amortizaciones pendientes, otros gastos derivados por la amortización anticipada, el pago a Hacienda de la plusvalía, etc. Este es uno de los ingresos más delicados, por lo que se debe mimar su cálculo para poder obtener una cantidad neta aproximada. Así se evitarán equívocos a la hora de plantearse la compra de otra oficina de farmacia.
Otra de las partidas especialmente sensibles procede de la venta de productos a residencias de la tercera edad. Los motivos son varios:
Los márgenes son menores, al ser una compra continua, estable y de gran volumen.
El riesgo de perder esa venta en el futuro puede ser elevado por muchos motivos: cambio en la dirección del complejo geriátrico, posibilidad de que el farmacéutico que actualmente le da servicio se lleve a su cliente, etc.
Quinto paso: el precio de venta
Es sabido que el precio de venta de una oficina de farmacia se obtiene a partir de su facturación. Hay farmacias que se venden por la misma cantidad que facturan (Navarra). Otras calculan el precio de venta multiplicando por 2 el importe de su facturación, ya que no son tan atractivas como otras más demandadas (condiciones climatológicamente duras, poblaciones rurales, provincias con mejores salidas profesionales para los futuros empleados o lengua de la comunidad, son frenos que reducen el valor de una farmacia).
Finalmente, hay farmacias que igualan o superan el 3 como múltiplo, ya que son las más demandadas (costa y zonas de climatología benévola, población con servicios y equipamientos atractivos para residir, etc.).
A igualdad de facturación, una oficina de farmacia será más cara que otras según la provincia en la que esté situada y, por tanto, el margen neto se verá reducido. ¿Por cuál inclinarnos?
La respuesta es difícil, ya que depende de numerosas circunstancias: no es lo mismo ser un profesional soltero que uno casado, influye también la situación financiera, e incluso el criterio de cercanía con el círculo familiar y de amistades.
En la práctica, hay farmacéuticos valencianos que se trasladan a las provincias limítrofes con su comunidad, de la misma manera que los hay madrileños que se trasladan más lejos aún, quizás acostumbrados a las grandes distancias de la capital.
Desde un punto de vista estrictamente económico y financiero, no tiene sentido que una oficina de farmacia con una determinada facturación tenga precios diferentes, ya que, en teoría, el margen o excedente para el farmacéutico sería el mismo.
Desde un punto de vista social y económico, existen otros parámetros mesurables necesarios para llevar a cabo un análisis correcto. Por ejemplo, si la población desciende, es estable o aumenta; si se trata de un núcleo turístico o no puede serlo porque no reúne las condiciones necesarias, ni culturales ni medio-ambientales, y finalmente si el nivel económico desciende a causa de la pérdida de población en edad laboral, de la pérdida de tejido industrial, abandono del campo, etc...
Es decir, se debe medir el riesgo que procede de factores sociales y económicos puros, no de caprichos climatológicos o de proximidad con el núcleo donde se crió el farmacéutico que quiere comprar. Esas son las farmacias ideales para empezar a ejercer la profesión. Entre otras cosas, porque si alguna vez cambian las leyes y se reduce el número de habitantes por farmacia –o las distancias– esas oficinas menos atractivas (según la demanda) estarán más protegidas que las que se ubican en una gran ciudad.
En cualquier caso, deben analizarse tan cuidadosamente como cualquier otra, para tener claro qué se puede obtener de ellas a medio y largo plazo. No olvidemos que, aunque tengan un precio inferior, los préstamos tienen una vida de 20-30 años.
Gasto medio de un cliente/ paciente en la farmacia
Junto al gasto público farmacéutico, que en España se sitúa en una media de 267,5 euros por habitante, es decir, en unos 12.506 millones de euros, hay otro gasto que también debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar una radiografía de gasto farmacéutico en nuestro país: el correspondiente a consumo privado farmacéutico.
En este sentido, cabe destacar que, tal y como refleja el estudio, "El gasto farmacéutico en España", elaborado por el Strategic Research Center de EAE Business School, en 2008 esta partida ascendió en España hasta los 6.964 millones de euros. Es decir, una media de 153, 65 euros anuales por cada español, un 14 por ciento más que en 2006.
A este respecto, el informe pone de manifiesto que son los madrileños (178 euros), los valencianos (173 euros), los catalanes (170 euros) y los navarros (163 euros) los ciudadanos españoles que más medicamentos y productos sanitarios adquieren de manera privada. En el extremo contrario se situaron los ciudadanos de Castilla y León (127 euros), los de Asturias (127 euros) y los de Andalucía (131 euros). Eso sí, los que más incrementaron sus compras entre 2006 y 2008 fueron los extremeños (pasaron de 97,57 a 153,75 euros) y los riojanos (de 90,94 a 142,94 euros), que presentaron una subida por encima del 57 por ciento.
Respecto al perfil del comprador, resalta que las mujeres gastan más dinero en medicamentos y productos farmacéuticos que los hombres y que es el segmento de personas mayores de 65 años el que mayor gasto realiza: 257,46 euros anuales. Un ejemplo: las mujeres comprendidas entre los 16 y los 29 realizan un gasto medio anual de 156,13 euros por los 92,82 euros llevado a cabo por los hombres en esa horquilla de edad.
De igual forma, el estudio precisa, en base a consideraciones socioeconómicas, que son las personas con un mayor nivel de estudios las que más dinero gastan en medicamentos y productos sanitarios. Así, mientras personas con estudios universitarios de segundo y tercer ciclo gastaron en 2008 una media de 194,86 euros, las personas sin estudios o con estudios de primer grado lo hicieron por valor de 144,82 euros.
Asimismo, resalta que el gasto entre la población española es cerca del doble que entre la población inmigrante: 163,15 por 87,93 euros.
Gasto público
Además del gasto privado, el estudio analiza el gasto público en medicamentos realizado a lo largo de 2009. Sobre este aspecto, el estudio refleja que las comunidades autónomas con una mayor factura farmacéutica por habitante durante el pasado ejercicio fueron Galicia (330,9 euros), Extremadura (325 euros) y Asturias (325,1 euros). En el otro lado de la balanza se situaron Madrid (206,4 euros) y Baleares (203,5 euros), muy por debajo de la media nacional: 267,5 euros.
En este sentido, en el estudio del Strategic Research Center de EAE Business School se precisa que el crecimiento acumulado del gasto público en el periodo 2004-2009 fue de un 21,5 por ciento dentro de la media del territorio nacional. Un incremento aculado que tuvo en Galicia (32 por ciento), Extremadura (31,9 por ciento) y Canarias (29, por ciento) sus máximos exponentes. En el lado contrario se situaron Cataluña (10,7 por ciento) y Baleares (17,2 por ciento).
Comparativa OCDE
Por otro lado, respecto al gasto farmacéutico total en 2009, el informe refleja que en términos de importancia del sector farmacéutico en nuestra economía España ocupa el cuarto puesto entre los países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), al representar un 1,8 por ciento de nuestro PIB, sólo por detrás de Estados Unidos (1,9 por ciento), Eslovaquia (2,2 por ciento) y Grecia (2,4 por ciento).
Asimismo, y en relación con lo que representa el gasto sanitario en nuestro país en comparación con el gasto sanitario total, el estudio precisa que éste es el 21 por ciento (el 15,3 por ciento corresponde al sector público por el 5,7 por ciento que lo hace al privado). Es decir, que uno de cada cinco euros de gasto sanitario se dedica a la compra de medicamentos y otros productos sanitarios.
En relación con el resto de países de la OCDE, el porcentaje de la partida sanitaria que dedica nuestro país a este apartado se encuentra muy alejado de los extremos que marcan países como Noruega (el 8 por ciento) o Eslovaquia (el 27,9 por ciento).
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La receta electrónica en stand by
En aquellas regiones en las que las oficinas de farmacia ya trabajan con la receta electrónica, los titulares de estos establecimientos han invertido grandes cantidades de dinero en los equipamientos tecnológicos necesarios para su funcionamiento.
Unas inversiones que han llegado a superar los 3.000 euros y que, en la mayoría de los casos, se han efectuado sin contar con subvención o ayuda alguna por parte de las administraciones autonómicas.
Hasta la fecha, la profesión farmacéutica ha aceptado la asunción íntegra de los costes de implantación de las dispensaciones electrónicas debido a su total apoyo a este sistema por sus beneficios, tanto para el paciente como para el propio sistema sanitario en su conjunto. Sin embargo, la complicada situación económica en la que les ha dejado los nuevos recortes contra el sector ha provocado que en regiones que daban entrada a este sistema ahora se considere "inasumible para el profesional" hacer frente a las altas inversiones que exige, y hayan paralizado su proceso de entrada en las boticas.
Así, los colegios de farmacéuticos de Alicante y Murcia anunciaron la semana pasada su intención de paralizar sus proyectos de receta electrónica, que daban sus primeros pasos en estas provincias. En el caso alicantino, su presidente, Jaime Carbonell, indicó que "los importantes recortes en la facturación de nuestras farmacias impiden acometer ahora proyectos así".
Según se preveía antes de la aparición de los nuevos RDL 4/2010 y 8/2010, la práctica totalidad de las farmacias alicantinas trabajaría tras el verano con receta electrónica, una vez que, a principios de este año, comenzase su implantación en las boticas de los municipios de la comarca de Alcoy. Sin embargo, en los últimos meses no se ha incorporado ninguna otra farmacia al sistema, ni parece ser que vayan a sumarse a él en un futuro inmediato, según los planes del colegio alicantino.
Desde esta institución se indica que "hay 200 farmacias en la provincia que, tras las nuevas medidas, sólo tienen la única preocupación de sobrevivir, por lo que a día de hoy no hay lugar a pensar en nada más que no sea su supervivencia", indican desde el colegio, al tiempo que señalan que los costes de implantación y mantenimiento de este sistema de dispensaciones electrónicas ronda los 100 euros mensuales por botica.
A la hora de dar oxígeno a este proyecto, desde el colegio alicantino también se apunta a la Administración como parte protagonista de su futuro rescate. Así, Carbonell recordó que "la Generalitat Valenciana nos va a ayudar para la implantación del sistema con 540.000 euros, de los cuales sólo hemos recibido por el momento 90.000 euros". Una ayuda que se destinaría al cambio de los equipos informáticos de las farmacias que no fuesen operativos con el programa de receta electrónica.
Otros casos
Otro de los proyectos que quedarán ahora en stand by será la receta electrónica murciana. También por la falta de dinero como telón de fondo. En este sentido, en un manifiesto hecho público la semana pasada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia, apoyado por otras instituciones farmacéuticas regionales como la distribuidora Hefame y la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Cartagena, su presidente, Prudencio Rosique, hizo saber la imposibilidad de llevarlo a cabo.
"Las farmacias de esta región trabajan en cuantos proyectos se nos ofertan y hasta trabajamos en los últimos meses en un modelo regional de receta electrónica más eficaz y eficiente que cualquiera de los puestos en marcha en otras autonomías", indicaba el texto. Por si el mensaje no fuera entendido, desde el colegio murciano, su presidente puntualizó: "Hemos dicho bien, trabajabamos". Una matización que desde la propia institución farmacéutica se consideró como la confirmación de la paralización de este proyecto de dispensaciones electrónicas.
Cabe recordar que, por causas ajenas a las farmacias, la implantación de la receta electrónica en Murcia ya acumulaba un retraso de aproximadamente año y medio respecto a los planes previstos por la Consejería de Sanidad cuando se dio a conocer el proyecto en 2008. Ahora, este nuevo retraso imposibilita poner fecha definitiva para su total presencia en esta comunidad autónoma.
Los casos de Alicante y Murcia tienen el denominador común de ser proyectos que ya estaban en marcha y que ahora, tras los nuevos recortes al sector, sufrirán una paralización sin fecha de caducidad. Sin embargo, más negativo se avecina el futuro en aquellas comunidades que aún no habían abrazado este nuevo sistema tecnológico.
Ejemplo de ello es Madrid, con una prueba piloto en tres farmacias de San Martín de la Vega como único atisbo de e-receta en la actualidad. Su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, confirmó a EG que la receta electrónica en Madrid deberá esperar. "Significa para los farmacéuticos unos gastos de inversión que en estos momentos no podemos exigirles", indicó.
Unas inversiones que han llegado a superar los 3.000 euros y que, en la mayoría de los casos, se han efectuado sin contar con subvención o ayuda alguna por parte de las administraciones autonómicas.
Hasta la fecha, la profesión farmacéutica ha aceptado la asunción íntegra de los costes de implantación de las dispensaciones electrónicas debido a su total apoyo a este sistema por sus beneficios, tanto para el paciente como para el propio sistema sanitario en su conjunto. Sin embargo, la complicada situación económica en la que les ha dejado los nuevos recortes contra el sector ha provocado que en regiones que daban entrada a este sistema ahora se considere "inasumible para el profesional" hacer frente a las altas inversiones que exige, y hayan paralizado su proceso de entrada en las boticas.
Así, los colegios de farmacéuticos de Alicante y Murcia anunciaron la semana pasada su intención de paralizar sus proyectos de receta electrónica, que daban sus primeros pasos en estas provincias. En el caso alicantino, su presidente, Jaime Carbonell, indicó que "los importantes recortes en la facturación de nuestras farmacias impiden acometer ahora proyectos así".
Según se preveía antes de la aparición de los nuevos RDL 4/2010 y 8/2010, la práctica totalidad de las farmacias alicantinas trabajaría tras el verano con receta electrónica, una vez que, a principios de este año, comenzase su implantación en las boticas de los municipios de la comarca de Alcoy. Sin embargo, en los últimos meses no se ha incorporado ninguna otra farmacia al sistema, ni parece ser que vayan a sumarse a él en un futuro inmediato, según los planes del colegio alicantino.
Desde esta institución se indica que "hay 200 farmacias en la provincia que, tras las nuevas medidas, sólo tienen la única preocupación de sobrevivir, por lo que a día de hoy no hay lugar a pensar en nada más que no sea su supervivencia", indican desde el colegio, al tiempo que señalan que los costes de implantación y mantenimiento de este sistema de dispensaciones electrónicas ronda los 100 euros mensuales por botica.
A la hora de dar oxígeno a este proyecto, desde el colegio alicantino también se apunta a la Administración como parte protagonista de su futuro rescate. Así, Carbonell recordó que "la Generalitat Valenciana nos va a ayudar para la implantación del sistema con 540.000 euros, de los cuales sólo hemos recibido por el momento 90.000 euros". Una ayuda que se destinaría al cambio de los equipos informáticos de las farmacias que no fuesen operativos con el programa de receta electrónica.
Otros casos
Otro de los proyectos que quedarán ahora en stand by será la receta electrónica murciana. También por la falta de dinero como telón de fondo. En este sentido, en un manifiesto hecho público la semana pasada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia, apoyado por otras instituciones farmacéuticas regionales como la distribuidora Hefame y la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Cartagena, su presidente, Prudencio Rosique, hizo saber la imposibilidad de llevarlo a cabo.
"Las farmacias de esta región trabajan en cuantos proyectos se nos ofertan y hasta trabajamos en los últimos meses en un modelo regional de receta electrónica más eficaz y eficiente que cualquiera de los puestos en marcha en otras autonomías", indicaba el texto. Por si el mensaje no fuera entendido, desde el colegio murciano, su presidente puntualizó: "Hemos dicho bien, trabajabamos". Una matización que desde la propia institución farmacéutica se consideró como la confirmación de la paralización de este proyecto de dispensaciones electrónicas.
Cabe recordar que, por causas ajenas a las farmacias, la implantación de la receta electrónica en Murcia ya acumulaba un retraso de aproximadamente año y medio respecto a los planes previstos por la Consejería de Sanidad cuando se dio a conocer el proyecto en 2008. Ahora, este nuevo retraso imposibilita poner fecha definitiva para su total presencia en esta comunidad autónoma.
Los casos de Alicante y Murcia tienen el denominador común de ser proyectos que ya estaban en marcha y que ahora, tras los nuevos recortes al sector, sufrirán una paralización sin fecha de caducidad. Sin embargo, más negativo se avecina el futuro en aquellas comunidades que aún no habían abrazado este nuevo sistema tecnológico.
Ejemplo de ello es Madrid, con una prueba piloto en tres farmacias de San Martín de la Vega como único atisbo de e-receta en la actualidad. Su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, confirmó a EG que la receta electrónica en Madrid deberá esperar. "Significa para los farmacéuticos unos gastos de inversión que en estos momentos no podemos exigirles", indicó.
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2000 farmacias valencianas secundaron el paro
Fue difícil encontrar una farmacia, más allá de los servicios mínimos, que estuviese abierta por voluntad de su titular durante la mañana del pasado 30 de junio en la Comunidad Valenciana.
Y es que, la mayor parte de las 2.000 oficinas de farmacia de Valencia, Alicante y Castellón secundaron el paro convocado por sus respectivos colegios farmacéuticos contra los RDL 4/2010 y 8/2010 promulgados recientemente por el Gobierno.
El seguimiento del paro por parte de las farmacias de esta comunidad autónoma fue calificado por los convocantes como un éxito, ya que prácticamente el cien por cien de las boticas convocadas cerraron sus puertas. En este sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, señaló que había cerrado "todas las farmacias y la manifestación, aquí en Valencia, ha sido contundente".
Una concentración que, según los organizadores, congrego a cerca de 2.000 personas en la plaza del Temple, donde se ubica la delegación de Gobierno. Allí se corearon lemas contra los RDL, como: "Trini, escucha, la farmacia no es tu hucha", "Gobierno de España, no nos metas caña" o "Farmacias sí, decretos no".
Guardiola, además de agradecer el apoyo a esta jornada de protesta por los farmacéuticos, la distribución, los laboratorios con sede en Valencia, las asociaciones empresariales, la Plataforma en Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia y a las asociaciones de estudiantes de Farmacias y de auxiliares de farmacia, reivindicó que "su éxito servirá para transmitir al resto de farmacéuticos españoles que hay que perder el miedo y que la defensa de la profesión empieza por uno mismo".
La presidenta de los farmacéuticos en la provincia de Valencia, que al término de la manifestación leyó un manifiesto, denunció que los RDL "amenazan la subsistencia del modelo mediterráneo de farmacia y perjudicará gravemente al bienestar de millones de ciudadanos". Igualmente, recordó que las farmacias de la Comunidad Valenciana "han contribuido desde hace diez años a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con casi 500 millones de euros, y todo ello sin reducir un ápice la calidad ni la cantidad de la atención que prestamos a los ciudadanos".
Éxito y sin incidentes
La jornada de paro en las tres provincias levantinas transcurrió sin ningún tipo de incidente y contó con la comprensión de los usuarios, que soportaron las colas en alguna de las farmacias que cumplían los servicios mínimos del 10 por ciento establecido por la Consejería de Sanidad. Así, en la provincia de Alicante 70 farmacias que permanecieron abiertas; 52 en la demarcación de Castellón y otras 95 en Valencia. Sin embargo, la mayoría de ellas colocó carteles y octavillas al alcance de los usuarios en las que dejaban claro su apoyo total a las reivindicaciones del sector.
Cabe destacar que las protestas también fueron un éxito en las otras capitales de provincia. Así, en Castellón, su colegio de farmacéuticos cifró el seguimiento en un 93 por ciento. Para su presidente, Jesús Bellver, la movilización "se puede considerar un éxito, ya que sólo 19 farmacias de las casi 300 farmacias de toda la provincia han decidido no acompañar a los compañeros en la protesta".
Un éxito de convocatoria que también se produjo en la provincia de Alicante, ya que prácticamente la totalidad de las 786 oficinas de farmacia echaron el cierre. A este respecto, es reseñable que cerca de 3.000 batas blancas, según el propio colegio alicantino, se concentraron en la plaza de la Montañeta, frente a la subdelegación de Gobierno, donde hicieron entrega de dos cartas, dirigidas al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y al de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en las que se pide el carácter temporal de estas medidas.
Empleos en peligro
Y es que, los farmacéuticos valencianos son conscientes de que estas medidas ponen en riesgo muchos empleos en la región. Así, el presidente del Colegio alicantino, Jaime Carbonell, criticó los decretos que, a su juicio, ahogarán al sector. "Hay que concienciar a la sociedad de la situación límite que vive el sector en esta provincia. Hay cerca de 1.000 puestos de trabajo en peligro", manifestó.
Por su parte, Bellver indicó que "con los recortes se reducirá la facturación de las farmacias hasta en un 30 por ciento, lo que acabará con expedientes de regulación de empleo, y repercutirá en la atención al paciente".
Y es que, la mayor parte de las 2.000 oficinas de farmacia de Valencia, Alicante y Castellón secundaron el paro convocado por sus respectivos colegios farmacéuticos contra los RDL 4/2010 y 8/2010 promulgados recientemente por el Gobierno.
El seguimiento del paro por parte de las farmacias de esta comunidad autónoma fue calificado por los convocantes como un éxito, ya que prácticamente el cien por cien de las boticas convocadas cerraron sus puertas. En este sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, María Teresa Guardiola, señaló que había cerrado "todas las farmacias y la manifestación, aquí en Valencia, ha sido contundente".
Una concentración que, según los organizadores, congrego a cerca de 2.000 personas en la plaza del Temple, donde se ubica la delegación de Gobierno. Allí se corearon lemas contra los RDL, como: "Trini, escucha, la farmacia no es tu hucha", "Gobierno de España, no nos metas caña" o "Farmacias sí, decretos no".
Guardiola, además de agradecer el apoyo a esta jornada de protesta por los farmacéuticos, la distribución, los laboratorios con sede en Valencia, las asociaciones empresariales, la Plataforma en Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia y a las asociaciones de estudiantes de Farmacias y de auxiliares de farmacia, reivindicó que "su éxito servirá para transmitir al resto de farmacéuticos españoles que hay que perder el miedo y que la defensa de la profesión empieza por uno mismo".
La presidenta de los farmacéuticos en la provincia de Valencia, que al término de la manifestación leyó un manifiesto, denunció que los RDL "amenazan la subsistencia del modelo mediterráneo de farmacia y perjudicará gravemente al bienestar de millones de ciudadanos". Igualmente, recordó que las farmacias de la Comunidad Valenciana "han contribuido desde hace diez años a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud con casi 500 millones de euros, y todo ello sin reducir un ápice la calidad ni la cantidad de la atención que prestamos a los ciudadanos".
Éxito y sin incidentes
La jornada de paro en las tres provincias levantinas transcurrió sin ningún tipo de incidente y contó con la comprensión de los usuarios, que soportaron las colas en alguna de las farmacias que cumplían los servicios mínimos del 10 por ciento establecido por la Consejería de Sanidad. Así, en la provincia de Alicante 70 farmacias que permanecieron abiertas; 52 en la demarcación de Castellón y otras 95 en Valencia. Sin embargo, la mayoría de ellas colocó carteles y octavillas al alcance de los usuarios en las que dejaban claro su apoyo total a las reivindicaciones del sector.
Cabe destacar que las protestas también fueron un éxito en las otras capitales de provincia. Así, en Castellón, su colegio de farmacéuticos cifró el seguimiento en un 93 por ciento. Para su presidente, Jesús Bellver, la movilización "se puede considerar un éxito, ya que sólo 19 farmacias de las casi 300 farmacias de toda la provincia han decidido no acompañar a los compañeros en la protesta".
Un éxito de convocatoria que también se produjo en la provincia de Alicante, ya que prácticamente la totalidad de las 786 oficinas de farmacia echaron el cierre. A este respecto, es reseñable que cerca de 3.000 batas blancas, según el propio colegio alicantino, se concentraron en la plaza de la Montañeta, frente a la subdelegación de Gobierno, donde hicieron entrega de dos cartas, dirigidas al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y al de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en las que se pide el carácter temporal de estas medidas.
Empleos en peligro
Y es que, los farmacéuticos valencianos son conscientes de que estas medidas ponen en riesgo muchos empleos en la región. Así, el presidente del Colegio alicantino, Jaime Carbonell, criticó los decretos que, a su juicio, ahogarán al sector. "Hay que concienciar a la sociedad de la situación límite que vive el sector en esta provincia. Hay cerca de 1.000 puestos de trabajo en peligro", manifestó.
Por su parte, Bellver indicó que "con los recortes se reducirá la facturación de las farmacias hasta en un 30 por ciento, lo que acabará con expedientes de regulación de empleo, y repercutirá en la atención al paciente".
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890 farmacias andaluzas en seria crisis
Las farmacias andaluzas verán cómo los RDL 4/2010 y 8/2010 aprobados por el Gobierno supondrán un mordisco en su facturación anual de 30.000 euros de media, según señala un informe presentado por la patronal farmacéutica regional, Ceofa. Con este estudio, Ceofa alerta de los "preocupantes riesgos" existentes en la actualidad para las farmacias, tanto en la viabilidad de éstos como en la sostenibilidad del propio Servicio Andaluz de Salud.
Los cálculos de esta patronal estiman que 890 farmacias (el 25 por ciento del mapa farmacéutico andaluz) "corren serio peligro de desaparecer", tal y como alertó su presidente, Ángel Pérez. A este respecto, cabe destacar que buena parte de éstas son rurales, el tipo de establecimientos que más drásticamente verán recortados sus beneficios. "Algunas boticas rurales entrarán en pérdidas de hasta 1.780 euros mensuales, con lo que tendrán que subsistir con poco más de 800 ó 900 euros mensuales", precisó Pérez.
En la caída de la rentabilidad tiene mucho ver el progresivo descenso del margen de beneficio con el que trabajan. En este sentido, José Luis Márquez, vicepresidente de Ceofa, lamentó que este margen "ha caído desde el 7,9 por ciento registrado en 2008 al 0,9 por ciento que se prevé para 2018".
Los vaticinios de pérdida de rentabilidad obligan a Ceofa a cuestionar la estabilidad de empleo en el sector. Así, se cifran en 2.120 los despidos de trabajadores que pueden producirse en el conjunto de farmacias andaluzas en los próximos meses. Incluso, Pérez informó que a la sede de FEFE, patronal nacional en la que se integra Ceofa, "ya están llegando consultas de cómo llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE)".
Descuentos y suma de daños
En la presentación de este informe también se debatió cómo se deberían realizar los descuentos del 7,5 por ciento en el precio de fármacos con cargo al SNS que el RDL 8/2010 obliga a toda la cadena del medicamento. A pesar del visto bueno de Sanidad a la creación de un fondo de garantías por parte de Farmaindustria, que permite a las farmacias no adelantar estos descuentos, desde Ceofa se apuesta "por una rebaja en cascada de ese 7,5 por ciento o bien por aplicarle el 5 por ciento a la industria, el 0,4 a la distribución y el 2,1 por ciento a la farmacia".
Por otro lado, los "importantes daños" que tendrán los nuevos recortes al sector establecidos en los dos RDL no son considerados en el estudio como los únicos culpables del deterioro económico que viven las farmacias y el Servicio Andaluz de Salud en general. De hecho, se considera que estas nuevas medidas "sólo agravan el daño" de otras actuaciones anteriores que, lejos de propiciar beneficios para la contención del gasto farmacéutico, han sido inefectivas, "amén de perjudiciales para las boticas", indicaron desde la empresarial andaluza.
A este respecto, la política de prescripción por principio activo (PPA), los precios menores o la receta electrónica fueron ejemplos que salieron a escena. Unas medidas, "sin garantías para el farmacéutico", que animan a Ceofa a sugerir al conjunto de patronales provinciales integradas en ellas a "oponerse a la firma de cualquier acuerdo futuro, como los actualmente vigentes, en materia de concertación, prescripción y dispensación por estos sistemas". En este sentido, según precisaron desde Ceofa, la solución pasaría "por la revisión de aquellos puntos del concierto andaluz que atañen a estas cuestiones".
Ajustes "necesarios"
Por su parte, desde la Consejería de Salud andaluza se respondió a Ceofa al indicar su titular, María Jesús Montero, que el modelo de farmacia "no permite el cierre" y que las medidas adoptadas por el Gobierno son ajustes "necesarios" para sostener el sistema sanitario. "Si un titular entiende que su farmacia no puede continuar, la puede ceder o bien puede ponerla a disposición para su adjudicación a la Consejería de Salud", afirmó.
Los cálculos de esta patronal estiman que 890 farmacias (el 25 por ciento del mapa farmacéutico andaluz) "corren serio peligro de desaparecer", tal y como alertó su presidente, Ángel Pérez. A este respecto, cabe destacar que buena parte de éstas son rurales, el tipo de establecimientos que más drásticamente verán recortados sus beneficios. "Algunas boticas rurales entrarán en pérdidas de hasta 1.780 euros mensuales, con lo que tendrán que subsistir con poco más de 800 ó 900 euros mensuales", precisó Pérez.
En la caída de la rentabilidad tiene mucho ver el progresivo descenso del margen de beneficio con el que trabajan. En este sentido, José Luis Márquez, vicepresidente de Ceofa, lamentó que este margen "ha caído desde el 7,9 por ciento registrado en 2008 al 0,9 por ciento que se prevé para 2018".
Los vaticinios de pérdida de rentabilidad obligan a Ceofa a cuestionar la estabilidad de empleo en el sector. Así, se cifran en 2.120 los despidos de trabajadores que pueden producirse en el conjunto de farmacias andaluzas en los próximos meses. Incluso, Pérez informó que a la sede de FEFE, patronal nacional en la que se integra Ceofa, "ya están llegando consultas de cómo llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE)".
Descuentos y suma de daños
En la presentación de este informe también se debatió cómo se deberían realizar los descuentos del 7,5 por ciento en el precio de fármacos con cargo al SNS que el RDL 8/2010 obliga a toda la cadena del medicamento. A pesar del visto bueno de Sanidad a la creación de un fondo de garantías por parte de Farmaindustria, que permite a las farmacias no adelantar estos descuentos, desde Ceofa se apuesta "por una rebaja en cascada de ese 7,5 por ciento o bien por aplicarle el 5 por ciento a la industria, el 0,4 a la distribución y el 2,1 por ciento a la farmacia".
Por otro lado, los "importantes daños" que tendrán los nuevos recortes al sector establecidos en los dos RDL no son considerados en el estudio como los únicos culpables del deterioro económico que viven las farmacias y el Servicio Andaluz de Salud en general. De hecho, se considera que estas nuevas medidas "sólo agravan el daño" de otras actuaciones anteriores que, lejos de propiciar beneficios para la contención del gasto farmacéutico, han sido inefectivas, "amén de perjudiciales para las boticas", indicaron desde la empresarial andaluza.
A este respecto, la política de prescripción por principio activo (PPA), los precios menores o la receta electrónica fueron ejemplos que salieron a escena. Unas medidas, "sin garantías para el farmacéutico", que animan a Ceofa a sugerir al conjunto de patronales provinciales integradas en ellas a "oponerse a la firma de cualquier acuerdo futuro, como los actualmente vigentes, en materia de concertación, prescripción y dispensación por estos sistemas". En este sentido, según precisaron desde Ceofa, la solución pasaría "por la revisión de aquellos puntos del concierto andaluz que atañen a estas cuestiones".
Ajustes "necesarios"
Por su parte, desde la Consejería de Salud andaluza se respondió a Ceofa al indicar su titular, María Jesús Montero, que el modelo de farmacia "no permite el cierre" y que las medidas adoptadas por el Gobierno son ajustes "necesarios" para sostener el sistema sanitario. "Si un titular entiende que su farmacia no puede continuar, la puede ceder o bien puede ponerla a disposición para su adjudicación a la Consejería de Salud", afirmó.
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