El decreto acordado por la ministra de Sanidad y los consejeros autonómicos para ahorrar 1.500 millones en gasto sanitario y remediar la quiebra del sistema ha recibido las críticas de algunos perjudicados. La industria farmacéutica –que asume la carga de este ajuste presupuestario, al centrarse éste en la reducción de precios de los fármacos– mostró su disconformidad con unas medidas que calificó de «muy duras» y que «tendrán un gran impacto en el sector», según una primera valoración de Farmaindustria, que conocerá los pormenores de la decisión de boca de la ministra de Sanidad en los próximos días.
Lo cierto es que el impacto en las arcas de las farmacéuticas empezó a notarse menos de 24 horas después del acuerdo. Las farmacéuticas que cotizan en la Bolsa de Madrid despertaron a la baja, según fuentes de Efe.
Sin embargo, hay quien piensa que la tijera ha sido más bondadosa con la industria que lo que ella misma preveía –en el último momento el recorte porcentual fue del 6, no del 7 por ciento–.
La deuda en Sanidad ronda los 10.000 millones de euros –con este decreto se pretende ahorrar 2.000–.
Más complicado que el recorte para la industria, será la congelación salarial de los sanitarios y la no sustitución en caso de vacante, otras de las recomendaciones del decreto. Una idea que los sindicatos creen que no se llegará a concretar. «No se pueden congelar plantillas si se quiere seguir ofreciendo el mismo catálogo de prestaciones y atención todos los días del año, las 24 horas del días», resumía Patricio Martínez, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Martínez abogó por recortar gastos corrientes de las 17 consejerías.
Los sindicatos médicos hace tiempo que critican la «incongruencia» de que haya 17 carreras profesionales –una por cada comunidad autónoma–, 17 formas de retribuir y marcadas diferencias salariales entre los profesionales de cada región.
Y aunque aplauden que el decreto proponga la «homogeneidad» de carreras en toda España, creen que será muy difícil de convertir en realidad, explicó Patricio Martínez, de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.
El presidente de la Federación Española de Distribución Farmacéutica (Fedifar), Antonio Mingorance, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Colegios del ramo, Manuel Pérez, admitieron la pertinencia del plan de ahorro del gasto farmacéutico acordado ayer, 18 de marzo del 2010, entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades, con el que se pretende alcanzar un ahorro anual de unos 1.500 millones de euros, si bien reprocharon a las administraciones central y a las autonómicas el que "siempre se graven a los mismos" eslabones de la cadena.
En declaraciones a Europa Press, Mingorance dijo "entender" dicho plan de austeridad en una coyuntura actual de crisis económica, "que en España todos sabemos que es la que es", si bien echó en falta la puesta en marcha "de medidas estructurales reales y no tan puntuales", entre las que citó "una mejor gestión por parte de los poderes públicos de los bienes comunes", así como un estudio "serio" acerca de los fármacos "que se deberían de subvencionar con dinero público y cuáles no".
Cuestionado acerca de si el copago sanitario podría ser una de las soluciones que redujesen ese incremento desmesurado del gasto sanitario, a la par que permitiese un uso más racional y eficiente por parte de los mismos ciudadanos en los recursos sanitarios finitos, declinó entrar en esta cuestión, ya que, según dijo, dicha cuestión "concierne a los poderes públicos", aunque insistió sobre el hecho de que "tampoco se puede hacer recaer el peso de los recortes siempre sobre las espaldas de los mismos", en referencia a los distribuidores y responsables de las oficinas de farmacias.
De hecho, y pese a puntualizar que "aún habrá que esperar a ver cómo se concretan realmente las medidas anunciadas por el Gobierno", estimó que la pérdida de beneficio en España para las farmacias y las distribuidoras "podría rondar entre el 2 y el 3 por ciento de los ingresos brutos anuales".
"Los farmacéuticos y las mismas distribuidoras venimos colaborando desde siempre con las administraciones públicas y ahora, con la actual crisis, no tendremos más remedio que aguantar, pero será otra vez sobre una bajada de los precios de los medicamentos, por lo que nuestros márgenes de beneficios se medirán sobre una base del precio más baja", lamentó Mingorance.
Del mismo modo, el dirigente del Colegio de Farmacéuticos coincidió en esta lectura, toda vez que declaró a Europa Press que, "sólo en colaboración con la Administración sanitaria andaluza por medio de descuentos aplicados a pañales, tiras reactivas y la política de prescripción por principio activo, las farmacias de Sevilla dejan de facturarle al SAS 39 millones de euros", enfatizó.
"Las administraciones siempre aprietan en el mismo sitio y nos exigen un control exhaustivo y exquisito", subrayó Pérez, quien, por contra, reprochó la "falta" de ese mismo control en la gestión por parte de los poderes públicos.
En el caso andaluz, ambos dirigentes coincidieron también en afirmar que el impacto de estas medidas "sea posiblemente menor", ya que, según Pérez, "el precio medio por receta en Andalucía es de los más bajos en España porque al hacerse por principio activo estamos dando siempre el medicamento más barato.
Además, a juicio de Pérez uno de los principales problemas de los que adolece el sistema sanitario es la "falta de un cálculo exacto del número de recetas que harían falta prescribir".
"Si el gasto medio por receta y persona está bajando mes a mes y año tras año, pero sin embargo el gasto general en farmacia no para de subir es porque o bien cada vez somos más millones de habitantes en este país y los presupuestos se hacen con una población inferior o los mismos ciudadanos abusan de la recetas y hacen un acopio innecesario de las mismas o bien las dos cosas", enjuició.
